Un casting para alquilar y “vía libre” al usurpar: silencio administrativo ante los pisos okupados en Carabanchel
“Lo siento, no puedo hablar de eso. Lo siento”. La noche cae en el número 6 de la calle Excelente, en el distrito madrileño de Carabanchel. Pese a que el edificio apenas lleva unos meses en pie, en los últimos días ha recibido más visitas que nunca y multitud de ojos curiosos o periodistas se han acercado a preguntar. Una mujer hace el turno de tarde en una cabina junto a la entrada. Es la portera del bloque. Son casi las siete e inmediatamente sabe qué vienen a preguntar: ¿es cierto que varias familias han okupado hasta 28 pisos del inmueble? ¿De verdad se ha librado una batalla campal contra los miembros de una empresa para desalojarlos? No contesta a ninguna de estas dudas y guarda cautela, pero en los alrededores no se habla de otra cosa. Unos minutos después, se abre la verja y una de las inquilinas escucha la conversación.
Ha salido a recoger un pedido de comida a domicilio, una de las razones por las que está permitido abrir las puertas a extraños. Nada más oírlo avisa de que ella es una de las “inquilinas legales” y se muestra proactiva para explicar lo que ocurre. Eso sí, pide alejarse varios metros del edificio para poder charlar con tranquilidad. “Una vez nos dijeron que nos vigilan, y que todas las conversaciones que tenemos dentro del bloque terminan llegando a sus oídos”. Se refiere a las personas que entraron a vivir de manera irregular en muchos de los pisos que hay justo al fondo de la construcción.
Al rato aparecen otros seis vecinos que viven de alquiler y a los que ha avisado por un chat común, desde el que se organizan para decidir cómo proceder a este respecto. Ninguno de ellos accede a dar su nombre real o a aparecer en fotos. Tampoco quieren salir de espaldas, incluso si no se ve su rostro. “Justo ayer [jueves 9 de enero] varios okupas rodearon a una inquilina recién llegada y empezaron a insultarla porque había aparecido en televisión hablando del tema. No queremos que nos pase lo mismo”, explica una de ellas, que recibirá el nombre de Rosa.
De hecho, lo primero que hicieron tras conocer el problema fue tratar de verificar que todos los allí reunidos eran realmente inquilinos con contrato. Temían que los okupas introdujeran a algún “infiltrado” para acceder a sus conversaciones. Así que comprobaron sus llaves, pues solo las tienen los vecinos en situación legal. Los okupas, en cambio, entran y salen del edificio gracias a un conserje privado que hace las funciones de portero, pero que en realidad “es uno más de ellos”, según sus conjeturas: abre y cierra la cancela exterior para que estas personas vuelvan a acceder a las casas siempre que lo necesiten.
¿Cómo entran luego a las viviendas? Es una pregunta para la que aún no se conoce oficialmente la respuesta, pues ni la Policía Nacional –que ha abierto una investigación de la que aún trascienden pocos datos– ha concretado de momento cuál es exactamente su historia. En los primeros días, los inquilinos preocupados pidieron a los auténticos porteros del edificio que no dejaran entrar a nadie que no tuviera llave o no se identificara.
“Yo mismo he visto cómo, días después, abrían la puerta a desconocidos e incluso la dejaban entreabierta si no llegaba a cerrarse del todo”, afirma otro vecino anónimo allí presente. Aunque entienden que plantarles cara “no forma parte de su trabajo” y comprenden el peligro que puede suponer para los conserjes, no se explican cómo la promotora de las viviendas no les ha puesto auténticos vigilantes de seguridad pese a que aseguran haberlo reclamado por vías oficiales.
Sobre los okupas, con los que este periódico no ha podido ponerse en contacto –pero que, según informaciones publicadas por El Mundo y corroboradas por los vecinos, dicen haber sido estafados por un clan mayor y haber pagado más de 2.000 euros para adquirir las viviendas–, indican que casi todos son de origen peruano, aunque su procedencia no les importa “en absoluto”. “Entre los que tenemos contrato hay muchísimos venezolanos, colombianos, chilenos... nos dicen racistas, y se equivocan. Es más, si no hubiese problemas de convivencia simplemente esperaríamos a que la promotora tomara medidas y no haríamos ruido”, incide otro vecino, que en este artículo recibirá el nombre de Alberto.
Alberto y su novia entraron a vivir en el edificio hace meses, al poco de inaugurarse. Ahora cuentan unos 180 vecinos en alquiler para alrededor de 60 pisos, de los que casi la mitad habrían sido usurpados. Pero entonces eran “muy poquitos” y, tras una mala experiencia viviendo en Entrevías (Puente de Vallecas), les gustó poder mudarse a un sitio tranquilo. Pagan 895 euros por un piso de una habitación y unos 33 metros cuadrados útiles, que venía sin amueblar. Acceder a él fue toda una odisea: aunque en Madrid son habituales los cástings para encontrar vivienda dada la alta demanda pese a los altos precios, en esta ocasión les hicieron más requerimientos que en cualquier otro sitio.
Entre los que tenemos contrato hay muchísimos venezolanos, colombianos, chilenos... Nos dicen racistas por querer echarles, pero se equivocan
A Alberto y otros vecinos les llegaron a pedir certificados de teletrabajo, vida laboral, diversos datos fiscales, un informe de bases de cotización, el certificado tributario del IRPF, además de un contrato de trabajo con mínimo dos años de antigüedad y las últimas nóminas. Toda una gymkana burocrática para garantizar la legalidad de la transacción que, sin embargo, no percibieron a la hora de tomar medidas contra la okupación de al menos 28 viviendas.
“Una semana después de que llegaran, durante el puente de la Inmaculada, al fin tuvimos noticias de Vivenio”, reseña María, nombre ficticio. Vivenio es la inmobiliaria promotora de este nuevo inmueble en el barrio de la Peseta. Cuentan que se les confirmó que varios pisos habían sido apropiados de manera irregular –afirman que al principio solo hablaron de “uno o dos”, pero después ampliaron la cifra a casi la treintena– y que se tomarían medidas para revertir la situación.
La compensación: 100€ menos en dos meses de alquiler
“¿Qué hicieron? Pusieron algunas cámaras de vigilancia o alarmas dentro de las viviendas que aún seguían vacías, para que no pudieran entrar en ninguna más, y cambiaron la compañía del gas. Pero no duró mucho”, insiste Alberto, explicando que poco después de instalarlas “aparecieron rotas o grafiteadas”, quedando inutilizables. De acuerdo a lo que sostienen los inquilinos, las consecuencias son diversas: desde ruidos y música a altas horas de la madrugada hasta insultos contra quienes les reprenden por ello y traten de expulsarles. En alguna ocasión, afirman haber presenciado incluso peleas físicas entre los propios usurpadores.
“Se ha hablado mucho de la pelea del 23 de diciembre [cuando llegaron a las manos con los empleados contratados para su desalojo e intervino la Policía], pero nosotros nos preocupamos mucho más cuando oímos la que hubo en Nochevieja: a las dos de la mañana empezaron a gritarse y agredirse a puñetazo limpio, parecía que se estuvieran matando”, rememora Elena, que también oculta su nombre bajo pseudónimo. Se mudó junto a su marido en verano. Todos cuentan que, para resarcirles, la empresa Vivenio les ofreció en diciembre eliminar la penalización a quienes decidieran marcharse y reducir durante dos meses el alquiler a los que permanecieran. Si vivían en el bloque 1, junto a las viviendas okupadas, la rebaja rondaría el 15% y si no, el 10%. Pero les resulta insuficiente y creen que el problema se alargará más allá de esos 60 días.
Somos Madrid ha intentado contactar con Vivenio en reiteradas ocasiones, tanto a través de distintas cuentas de correo electrónico vinculadas a la inmobiliaria como emitiendo la solicitud a sus agentes de administración por vía telefónica. A fecha de publicarse este artículo, no ha recibido respuesta. Tampoco otros medios de comunicación que han informado sobre el tema lograron ponerse en contacto con la empresa y ofrecer sus explicaciones. Los vecinos contactados aseguran haberse personado en las oficinas de la compañía para exigir respuestas, pero dicen no haber obtenido solución. “Nos dijeron que anotarían nuestras dudas y nos avisarían. Seguimos esperando”, reitera Rosa, visiblemente molesta.
¿Qué dice la ley sobre cómo actuar ante estos casos?
Antes de despedirse, estos vecinos preguntan qué pueden hacer para que se les escuche una vez se diluya el interés mediático. Aseguran que la Policía ha asistido en varias ocasiones al edificio e incluso “llegaron a hacer algunas detenciones”, pero los mismos agentes les advirtieron que poco más podrían ayudar sin una orden judicial. Dicen que la ley no les protege, pero en realidad sí existen algunas opciones. Fuentes judiciales consultadas enumeran al menos tres vías por las que tanto los vecinos como la inmobiliaria podrían iniciar acciones judiciales.
Las dos primeras son por lo civil: o bien a través de una acción por precario –es decir, un tipo de demanda para cuando alguien ocupa una propiedad sin consentimiento del propietario o sin poseer títulos que lo justifiquen– o mediante una serie de requerimientos que, de no cumplirse, podrían llevar a una orden judicial para efectuar el desahucio. Esta segunda fórmula puede ser menos efectiva, pues permite a los demandados no responder al requerimiento y alargar el proceso hasta que haya juicio. Y, si se da el caso, salir indemnes. La tercera y última opción es por la vía penal, y consiste en presentar denuncia ante la autoridad policial o judicial que corresponda. En este caso, habría que alegar una ocupación para solicitar medidas cautelares de expulsión.
Sin embargo, dado que los vecinos molestos no son propietarios ni inquilinos de los pisos ocupados, las mismas fuentes recalcan que solo podrían recurrir a esta tercera vía. No obstante, cada caso es muy distinto y habría que analizar minuciosamente los detalles para saber si su denuncia tiene o no recorrido. El artículo 245.2 del Código Penal impone específicamente a quienes usurpen sin autorización debida un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviera en ellos contra la voluntad de su titular una pena de multa de entre tres y seis meses. Miembros de la judicatura niegan a Somos Madrid que la ley actual no provea de mecanismos suficientes como para resolver ágilmente casos como este, sino que los juzgados no dan abasto para atender todas las peticiones que llegan. El sistema judicial cocina a fuego lento, y ni siquiera los vecinos aspiran a que su situación se resuelva más pronto que tarde.
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